Universitat Rovira i Virgili
A partir del 11 de septiembre de 2001
el concepto de frontera adquirió un significado diferente. La preservación de
la seguridad nacional y la denominada lucha antiterrorista presentaron nuevos
retos para la estabilidad de las relaciones internacionales y una reordenación
de prioridades por parte de los Estados Unidos que afectaron al resto del
mundo. La respuesta inmediata al ataque fue el cierre de las fronteras y el
espacio aéreo, su posterior apertura se hizo bajo un nuevo contexto de
controles más estrictos y un discurso político basado en la necesidad de
proteger la seguridad nacional al coste que fuera necesario. Antes de esta
fecha, parecía haberse llegado al consenso de que la supuesta globalización
haría perder sentido a las fronteras y que la interdependencia económica
conduciría definitivamente a fronteras más abiertas e integradas. Además,
EE.UU. contaba con el exitoso ejemplo de la Unión Europea y llegó a establecer
negociaciones migratorias con México que parecían marcar el inicio de un
acercamiento entre los países firmantes del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte (TLC) similar al europeo.
Pero los acontecimientos de 2001 cancelaron repentinamente todos los
avances y las grandes expectativas que se habían creado al respecto. Pero,
ocurrirá algo similar en un futuro próximo en las fronteras de la UE? Han
tenido algo que ver las revoluciones árabes en la mejora tecnológica de los
sistemas fronterizos europeos? En qué consisten exactamente los denominados
“Smart borders” o fronteras eficientes?
Desde su fundación en 1957, la Unión
Europea se ha definido como un espacio de libre circulación de bienes,
personas, capitales y servicios. La libre circulación de personas intentó optimizar
los recursos laborales dentro del espacio comunitario, siempre estableciendo
una clara diferenciación entre la movilidad de ciudadanos comunitarios y la de
no comunitarios. Para ello se establecieron políticas diferenciadas con la
intención de regular la movilidad interna entre países miembros y la de países
extracomunitarios. Pero el proceso de integración comunitario finalmente se
desarrolló de manera lenta y costosa, reflejando a su vez la evolución del
fenómeno migratorio en sí y adaptando sus políticas a cada momento. De hecho,
hasta el año 1973, los países que en aquel momento comprendían la Comunidad
Europea se encontraban en plena expansión económica y adoptaron políticas
activas de reclutamiento temporal de trabajadores de los países menos
desarrollados del sur del continente, algunos de ellos miembros de la propia
CE como España, Portugal e Italia, y
otros que no como Marruecos, Argelia y Túnez. Pero la crisis del petróleo de
1973 hizo que estos países reclutadores de mano de obra decidieran implementar
en esta ocasión una serie de medidas migratorias restrictivas e incentivar el
regreso de estos trabajadores a sus países de origen.
El acuerdo Schengen
firmado en 1985 y el posterior Tratado de Ámsterdam de 1999 permitieron lograr
definitivamente el objetivo tan anhelado de la libre circulación de personas
por prácticamente todo el espacio comunitario. Hasta ese momento la inmigración
era competencia de cada estado, pero en 1995 se abolen las fronteras internas
entre los miembros firmantes del Acuerdo, se crea una frontera externa común y
se empieza a diferenciar entre la movilidad de ciudadanos comunitarios y no
comunitarios, desarrollando políticas regulatorias para cada tipo de movilidad.
Pero cabe destacar que esta liberalización del movimiento de personas ocurrió
justo en un momento en que las diferencias económicas entre los distintos
países comunitarios no eran tan marcadas como en la actualidad. Parece ser que
los países de la Europa Occidental no creían que se llegaría a producir una
migración a escala masiva de los
miembros menos desarrollados y por ello permitieron la adhesión
paulatina al tratado Schengen de nuevos estados. Pero, la actual crisis
económica que afecta sobre todo a los miembros del sur de la UE puede poner en
peligro de algún modo este tratado y, como en el caso de México y los EE.UU.,
los avances hasta ahora conseguidos en la desaparición de fronteras y la
integración a nivel regional pueden quedar en un sueño inalcanzable. De hecho,
las nuevas directrices impuestas por la UE no tardaron en aparecer y ya el
pasado mes de marzo Alemania vetó deliberadamente la entrada en el acuerdo
Schengen de Bulgaria y Rumania, dos últimos países en incorporarse a la Unión. Ahora
falta por ver si las revoluciones árabes y la posterior guerra en Libia han
tenido también un papel importante en los nuevos y sofisticados controles
fronterizos impuestos por la UE en los últimos tiempos.
Y es que parece ser que
“no dejar pasar a nadie” se ha convertido en el nuevo lema en Europa. Después
de haber creado en 2004 la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación
Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión
(FRONTEX) basada en un sistema semiprivado y cuasi-militar de vigilancia con el
fin de mejorar la gestión integrada de las fronteras exteriores, la UE se
encuentra de lleno volcada en la mejora de esta supervisión a través de dos
nuevas iniciativas: EUROSUR y las denominadas “Smart Borders”. Con todo ello,
el espacio europeo destinado a la libre circulación, la apertura y la
integración regional parece cerrarse cada día un poco más. La iniciativa
EUROSUR en realidad no es más que una modificación de la regulación de FRONTEX
basada en la mejora de la vigilancia de las fronteras terrestres y marítimas en
el Mediterráneo a través de la tecnología más avanzada. La enorme inversión en
los satélites, radares y drones más sofisticados tiene si más no el objetivo de
hacer de filtro a las posibles “intromisiones” que tanto parecen preocupar a la
UE. Por su parte, la iniciativa “Smart Borders” se preocupa más de las entradas
por tierra ya que está destinada a registrar a los pasajeros no originarios de
la zona Schengen a través del sistema informático “Registered Travellers
Programme” (RTP), similar al utilizado en varios aeropuertos norteamericanos, y
que permite conocer los datos biométricos de quien intenta cruzar la frontera. Aunque
estas medidas fueron propuestas en 2008, no fue hasta el pasado mes de febrero
que la UE dio el paso definitivo para su implantación, y parece ser, que las
revueltas en el norte de África tuvieron un papel decisivo para dar un nuevo
impulso a su puesta en marcha.
Pero en realidad el
proceso biométrico no es ninguna novedad. El requisito del control de las
huellas dactilares de los pasajeros se está convirtiendo en algo común a nivel
mundial para las solicitudes de visado, a pesar de los inconvenientes a nivel
de privacidad que todo ello trae consigo. Incluso el programa de entrada
US-VISIT va más allá y exige a todos los visitantes que desean entrar en EE.UU.
someterse al registro de sus huellas dactilares y a un reconocimiento facial
por escáner, del mismo modo que lo exige Japón, Malasia, Corea, Afganistán y
Tailandia. Por su parte, la UE no quiso quedarse atrás y puso en marcha la
iniciativa “Smart Borders” con el propósito de simplificar e integrar los
cruces fronterizos en Europa. De hecho, el objetivo preciso no queda del todo
claro, pero es obvio que va más allá de simplemente construir un sistema de entrada
y salida más eficiente y seguro. Sin embargo, se nos ha intentado presentar la
biometría, así como el registro de huellas faciales y reconocimiento facial,
como algo de vital importancia y gran potencial sobre todo para los pasajeros
regulares.
La estrategia en sí es
compleja, desconcertante y un tanto opaca, y parece echar por tierra los
avances conseguidos hasta ahora en la desaparición de fronteras entre los
países miembros de la UE y los firmantes del acuerdo Schengen. El nuevo paquete
fronterizo propuesto por la Comisión Europea se basa en un sistema biométrico
estándar para pasaportes de la UE y cartas de identidad ya puesto en marcha,
además de otro tipo de permiso para residentes de los denominados terceros
países, un Sistema de Información de Visados (VIS) que recoge y almacena las
huellas dactilares de todos los visitantes y se planea también incluir una base
de datos de los pasajeros llamada UE-PNR (Passanger Name Record). Por si todo
esto fuera poco, el paquete de medidas también incluye un sistema de entradas y
salidas de los pasajeros de los 26 países pertenecientes al tratado Schengen,
un sistema de cruce automatizado para los ciudadanos de la UE y los denominados
viajeros “de buena fe”, un Sistema Electrónico de Autorización de Viaje (ESTA
en sus siglas en inglés) que requiere una autorización previa para viajar
similar al utilizado por EE.UU., un Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras
(EUSOR), además de una nueva estrategia integrada de gestión de fronteras
europeas.
La fundación alemana
Heinrich Böll, vinculada al Partido de los Verdes y orientada a promover la
formación en voluntad democrática, el compromiso sociopolítico y el
entendimiento entre los pueblos, publicó en 2012 un estudio bajo el título
“Borderline: EU Border Surveillance Initiatives” donde se evaluaban los costes
económicos y el impacto sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos de
estas nuevas fronteras “inteligentes”. Hay que tener en cuenta que este tipo de
sistemas de vigilancia tan complejos requieren una serie de pruebas en modo
beta antes de su aplicación definitiva, lo que haría el proceso todavía más
lento y costoso. Su fase inicial implica una focalización obligatoria en los
pasajeros frecuentes de terceros países, pero ni si quiera la definición de
pasajero frecuente está todavía definida de una manera clara. Además, su
eficacia no está probada y la propuesta está despertando bastantes críticas por
parte de la sociedad civil en general, debido principalmente al elevado coste
de todo el proceso en una situación económica como la actual en la UE, y la
violación de los derechos fundamentales de los pasajeros como el de la
privacidad.
En total, el programa
comprende cerca de 2.000 puntos fronterizos, además de todos los puertos y
aeropuertos. Los costes finales se estiman en 1.100 millones de euros, 15 de
los cuales han sido destinados únicamente a la investigación del proyecto. Resulta curioso comprobar cómo son
precisamente países del norte de la UE quienes forman el consorcio de 20 socios
que ganó el contrato del proyecto y que fue llevado a cabo con bastante
secretismo. Entre ellos el Ministerio austriaco del Interior (BMI), el
Instituto Tecnológico austriaco AIT, la Imprenta Estatal austriaca, la Guardia
fronteriza finlandesa (RVL), la empresa alemana Giesecke & Devrient como
socio industrial y, como autoridades públicas el Centro Internacional para el
Desarrollo de Políticas Migratorias (ICMPD) y el Centro Común de Investigación
de la Comisión Europea (JRC). A pesar de todas las críticas suscitadas, la
propuesta del proyecto “Smart Borders” será enviada al Parlamento Europeo,
donde tendrá que ser aprobada por los estados miembros. Si ningún cambio
significativo se produce, la Comisión espera que el sistema pueda ponerse en
marcha de manera integral en todo el territorio en 2017.
En conclusión, creo que
la complejidad y la falta de transparencia llevada a cabo durante todo el
proceso no ayudaran a alcanzar el nivel de confianza necesario para que este
sistema acabe siendo viable. Las revoluciones en los países del sur del
Mediterráneo no han sido más que la excusa perfecta para aumentar el deseo de
la UE de poner en marcha un sistema clasista y cuasi-militar que, a pesar sus
elevados costes económicos, beneficiará a muchos de sus socios a través de
subcontratas en seguridad semi-privada y en la venta de mecanismos de alta
tecnología destinados al control de las fronteras. Este nueva obsesión por la
seguridad no hecho más que llevar a que las relaciones entre las dos orillas
del Mediterráneo se acaben basando únicamente en el control de sus fronteras,
sin tener en cuenta la violación de los Derechos Humanos y de las convenciones
internacionales que ello supone y, en un futuro, puede incluso poner en peligro
uno de los pilares de la Unión Europea: el espacio Schengen. Las “Smarts Borders”
pueden llegar a convertirse en el “Big Brother” europeo e infringir las
libertades civiles deliberadamente, además de incrementar el bilateralismo ya
existente, no sólo entre el norte y el sur del Mediterráneo, sino también entre
el norte y el sur de la propia Unión Europea.
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